Principales casos de represión en el gobierno de Rafael Correa

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Según el libro ‘Criminalización de la protesta’ (enero 2016), de la activista ecuatoriana Karla Calapaqui, entre 2007 y 2015, en Ecuador se han registrado 82 procesos represivos por parte del gobierno ecuatoriano, dejando 681 afectados. A continuación, algunos casos polémicos en los que se evidenció un uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos.

Dayuma, 2007. Photo: La Hora.

Dayuma, 2007. Photo: La Hora.

1.    Punto de partida: La parroquia de Dayuma, en la provincia de Orellana, fue la primera en vivir militarización y represión en el gobierno de Correa en 2007. Con el argumento de “una grave conmoción interna”, se declaró el Estado de Emergencia en toda la provincia. Se reportaron agresiones a la población, tortura, amenazas de violación sexual y detenciones arbitrarias.

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2.    Organizaciones Sociales: El libro menciona que el gobierno ha estigmatizado a las organizaciones sociales de trabajadores, maestros, médicos, indígenas, campesinos, estudiantes, jubilados, comerciantes, ecologistas. Entre ellas destaca a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unido de Trabajadores (FUT) que han liderado movilizaciones sociales.

3.    Organizaciones Políticas: Grupos políticos de oposición han sido descalificados y, en ocasiones, perseguidos y judicializados. Entre ellos está el Movimiento Popular Democrático (MPD), al que en un polémico proceso le retiraron del registro electoral y el Movimiento Pachakutik que también ha sido objeto de constantes insultos: “indígenas locos”, “ponchos dorados”, “indígenas infantiles”. El Movimiento Ruptura de los 25, calificado como traidor, fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral y se eliminó su registro electoral.

4.    Colegios de Profesionales: Ha sido recurrente la persecución contra los abogados que defienden a dirigentes criminalizados u otras víctimas de la represión. En 2015, el Consejo de la Judicatura, bajo criterios como “el abuso del derecho”, abrió expedientes para sancionar especialmente a abogados que defienden a procesados en protestas.

Journalists Juan Carlos Calderón and Cristian Zurita. Photo: El Universo.

Journalists Juan Carlos Calderón and Cristian Zurita. Photo: El Universo.

5.    Periodistas: Los comunicadores críticos con el gobierno han sido perseguidos en los últimos nueve años. Destaca el caso de Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón, autores del libro “El Gran Hermano”, quienes fueron demandados por daño moral. Las crónicas de Roberto Aguilar motivaron que sea llamado a confesión judicial por parte de Fernando Alvarado, Secretario de Comunicación. Las caricaturas del humorista gráfico Bonil han sido objeto de sanciones de la Supercom y un juicio penal por parte de un asambleísta de gobierno.

6.    Fundamedios: La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) ha sufrido ataques sistemáticos del gobierno por defender la libertad de expresión. En septiembre de 2015, la Secretaría de Comunicación (SECOM) inició un proceso administrativo para disolver la organización. Ante el rechazo nacional e internacional, se archivó el proceso “bajo advertencia”.

7.    Por denunciar la corrupción: Pablo Chambers, Víctor Hidalgo, Gerardo Portillo y José Quispe, miembros de la veeduría conformada por Rafael Correa para investigar los contratos con empresas vinculadas a su hermano Fabricio Correa, fueron acusados de supuesto falso testimonio y, condenados a dos años de prisión. Ellos concluyeron que Correa sí conocía que su hermano tenía contratos con el Estado.

8.    Amedrentamiento en redes sociales: El dirigente político Sebastián Cevallos fue uno de los primeros tuiteros enjuiciados en el país al denunciar un caso de nepotismo. La concejala de Loja, Jeannine Cruz fue condenada a 30 días de prisión por un tuit en el que aludía al Alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. El demandante la acusó de “proferir expresiones de descrédito y deshonra”. Tuiteros críticos al régimen han sufrido bloqueos y suspensiones de sus cuentas. Otros usuarios también fueron amenazados, como sucedió con el administrador de la página de sátira política en Facebook, Crudo Ecuador, el 19 de febrero de 2015. Él cerró la página tras recibir un ramo de flores y una carta amenazándolo a él y a su familia.

Injured man in a protest at Saraguro, 2015. Photo: Acción Psicosocial.

Injured man in a protest at Saraguro, 2015. Photo: Acción Psicosocial.

9.    Tortura: Dirigentes y manifestantes detenidos durante las protestas denunciaron haber sido víctimas de violencia desproporcionada y tortura. Por ejemplo, en protestas de septiembre de 2014, fueron detenidos más de 90 estudiantes del Colegio Mejía. Muchos de ellos denunciaron haber recibido amenazas, patadas, golpes y descargas de pistolas eléctricas.  Uno de ellos incluso denunció haber sido arrollado por motos. Otro caso denunciado en instancias internacionales fue el de la ecologista Margoth Escobar, en el 2015. Por participar en manifestaciones contra el gobierno, la mujer de 61 años fue detenida y brutalmente agredida.

 

10.    Muertes no esclarecidas: El maestro Bosco Wisuma (2009), asesinado durante el paro de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), por impacto de perdigón;  Freddy Taish (2013), joven shuar asesinado durante un operativo militar contra minería artesanal; José Tendentza (2014), líder antiminero que iba a participar en la Cumbre de los Pueblos en Lima, fue encontrado muerto con señales de violencia; el General Gabela se opuso a la compra de los helicópteros Dhurv y fue asesinado en circunstancias que no se han aclarado; un caso similar es el del periodista Fausto Valdivieso, asesinado en 2013.

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