Nuevos datos sobre las irregularidades en el sistema internacional SUCRE

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A principios de marzo del 2016, el portal Focus Ecuador reveló el contenido de informes de inteligencia de Ecuador que indicarían que parte de las transacciones a través del Sistema Único de Compensación (SUCRE) habrían servido para lavar dinero utilizando empresas fantasmas. Creado por la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), en noviembre de 2008, el SUCRE es una moneda virtual orientada a reemplazar al dólar en las operaciones comerciales e impulsar la expansión del comercio entre los países miembros.

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Focus también informó que, además de los ya cerrados Banco Territorial y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, estarían involucradas en estas transacciones otras entidades bancarias públicas y privadas. Esta información la confirmó el fiscal Galo Chiriboga, el 6 de agosto de 2015, ante el requerimiento que le hiciera el asambleísta opositor Andrés Páez. Según Focus, tienen en su poder documentos que permiten identificar a instituciones implicadas, como: Banco Amazonas, Banco del Austro, Banco de Fomento, al igual que más de 50 empresas y decenas de personas naturales.

La principal empresa envuelta en las irregularidades fue Fondo Global de Construcción (Fonglocons), relacionada con transferencias ilegales por USD 159.9 millones, de un total de USD 324 millones detectadas entre 2012 y 2013. Desde 2013, por orden legal, se encuentran retenidos en el Banco Central ecuatoriano USD 57 millones, reclamados por esta misma empresa.

Entre noviembre y diciembre de 2015, la fiscalía dispuso diligencias a otras empresas y personas naturales vinculadas a negocios con Fonglocons, entre ellas constan compañías del Grupo Eljuri y el propio Juan Eljuri Antón. También fue notificado Nassib Neme Antón, propietario de la compañía Electrocables y presidente del Club de fútbol Emelec.

Por otro lado, según cita Focus, en el “Informe No. 35” de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador (SENAIN) consta que en la reunión del Comité Económico Financiero, el 10 de junio de 2012, se alertó al más alto nivel de los gobiernos de Venezuela y Ecuador sobre la utilización ilegal del sistema SUCRE, para cometer delitos que provocaron millonarios perjuicios para ambos países. Para el Estado ecuatoriano, los perjuicios se expresan en desajustes en la balanza comercial, exportaciones ficticias, empresas que desaparecen a dos meses de creadas y facturan millones de dólares sin aportar al fisco.

El análisis de inteligencia también establece que, desde 2010, el Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador había descubierto que varias empresas ecuatorianas vinculadas a otras venezolanas hacían cuantiosas exportaciones a Venezuela con el patrón de “sobrevaloración de productos”.

Como explicó diario El Universo en una investigación publicada en 2015, el sistema establece que los bancos centrales de cada país sean los que, en primera instancia, cobren y paguen a sus importadores o exportadores, en moneda local. Luego, los bancos centrales se compensan entre sí utilizando como referencia la cotización de esta moneda virtual llamada SUCRE. Los grandes actores de este sistema han sido Ecuador, con una moneda fuerte, el dólar, y Venezuela, con el bolívar, que se ha debilitado en los últimos años. De hecho, desde la creación del SUCRE, se registró un boom de las exportaciones de Ecuador a Venezuela.

De acuerdo con El Universo, tras el cierre del Banco Territorial, el 18 de marzo del 2013, se encendieron las alertas sobre el SUCRE, ya que las autoridades detectaron irregularidades: exportaciones sobrevaloradas y otras que no existieron, pese a que ya se había cobrado por ellas. El principal de ese banco, Pietro Zunino, y el gerente general, Raúl Sánchez Rodríguez, fueron condenados a ocho años de prisión por peculado bancario.

En junio de 2013, cerró también la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera. Según la Fiscalía, en esta cooperativa se dieron operaciones injustificadas por USD 35 millones, por la supuesta exportación de químicos a Venezuela. Los ejecutivos de Coopera, Rodrigo Aucay Sánchez y Raúl Carpio Pérez, fueron condenados a cuatro años de prisión y al pago de USD 70,7 millones por lavado de activos.

A partir de entonces, el Banco Central del Ecuador (BCE) emitió resoluciones para controlar los pagos anticipados a las empresas ecuatorianas, pues, desde marzo del 2012, el Banco Central de Venezuela (BCV) permitía que se pagara por adelantado a los exportadores antes de embarcar los productos.

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