Lo que los “Panamá Papers” revelan sobre el Ecuador

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Seis periodistas ecuatorianos de los diarios El Universo y El Comercio fueron parte de la investigación global conocida como ‘Panama Papers’ que, bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), tuvo acceso a más de 11 millones de documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca (MF), que ofrece servicios offshore (creación de empresas en paraísos fiscales). Según el especial que desarrolló el ICIJ, en Ecuador, entre los clientes de MF estarían el ex presidente del Banco Central, Pedro Delgado y el Fiscal General, Galo Chiriboga.

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Pedro Delgado

Caso de Pedro Delgado
Por haber falsificado su título de economista, el ex Presidente del Banco Central del Ecuador, Pedro Delgado, quien es también primo de Rafael Correa, en 2013 huyó a Miami, donde vive con lujos. En 2015, Delgado además fue condenado a 8 años de prisión por malversación de fondos debido a la concesión irregular de un crédito de $ 800.000 a un ciudadano argentino. Según los “Panamá Papers”, Pedro Delgado consiguió una hipoteca para su casa en Miami por $ 190.000 con la asesoría del bufete panameño. “A lo largo de 2012, el cliente de MF, Austrobank Panamá S.A., un banco filial del Grupo Eljuri, uno de los mayores conglomerados empresariales en Ecuador, concedió una hipoteca a favor de Delgado y su esposa María Verónica Endara. Ella era entonces vicecónsul general de Ecuador en Miami. La hipoteca de 190.000 dólares serviría para la compra de una casa en North Miami Beach”. El ICIJ dice también que “un agente de Austrobank envío un correo electrónico a MF para obtener asesoramiento legal. El primer despacho de abogados contactado por MF declinó procesar el préstamo. Pero MF encontró otro abogado que procesó la hipoteca en Miami. Delgado ha confirmado a la cadena Univisión que era propietario de una propiedad inmobiliaria en Miami”.

Galo Chiriboga

Galo Chiriboga

La casa de Galo Chiriboga
Durante el proceso para seleccionar al nuevo Fiscal General del Estado, en 2011, el entonces legislador de oposición Cléver Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio, denunciaron el caso de una demanda presentada por dos ciudadanos alemanes en contra de Chiriboga, a quien acusaban de haberles despojado de una mansión ubicada en las afueras de Quito. Según publica el portal Focus, la Función de Transparencia y Control Social no tomó cartas en el asunto. “En 1999, en plena crisis financiera, Chiriboga recurrió a esta firma con la finalidad de crear la empresa Madrigal Finance Corp. Documentos obtenidos del registro público de Panamá, indican que el 30 de diciembre de 1999, MF constituyó el fideicomiso Madrigal Finance Corp., que administra la casa del fiscal general de la nación”.

De acuerdo con Focus, la casa se ubica en el área de mayor plusvalía de Quito, tiene 2.500 metros cuadrados de terreno, piscina, sauna, cancha iluminada, jardines con accesos adoquinados y cerramiento de piedra. En la primera declaración de bienes de Chiriboga, cuando asumió el cargo de Ministro de Trabajo en el 2005, la propiedad no apareció como parte de su patrimonio. La encubrió como un activo de una compañía constituida en Panamá.

The polemic Chiriboga's house.

The polemic Chiriboga’s house.

Las denuncias de Jiménez y Villavicencio serían ciertas, según el informe de los Panamá Papers: “en 1999 el abogado profesional Chiriboga fue contratado para cobrar una deuda de una pareja que tenía una casa en la exclusiva zona residencial de La Viña. En noviembre de ese año, Chiriboga registró Madrigal Finance Corp. en Panamá, y en diciembre, con el fin de comprar la casa, la sociedad le otorgó un poder notarial con “plena potestad para fijar el precio de la propiedad”. Madrigal hizo la compra por menos de $ 2.800. Los antiguos propietarios demandaron a Chiriboga por fraude, pues estimaban que el valor aproximado era un millón de dólares. La sentencia judicial favoreció a Chiriboga y consideró que la pareja no había demostrado el valor real de la propiedad. Desde 2005, cuando fue nombrado ministro de Trabajo, hasta ahora como fiscal general de Ecuador, ha sido poco consistente al aclarar su vinculación con esta sociedad en su declaración patrimonial”. Según el informe del ICIJ, “Semanas antes de su toma de posesión como fiscal general en julio de 2011, su esposa María Victoria Espinal pidió a MF que Chiriboga y otros administradores de Madrigal no figuraran más como tales y fueran reemplazados por testaferros suministrados por la firma de abogados panameña, a pesar de que su marido continúa siendo el único accionista”.

Lo que dijo el Fiscal Galo Chiriboga: “En 1999, cuando yo no era funcionario público, se constituyó Madrigal Finance Corp. ‘Madrigal’ no tiene actividad económica o bancaria. Solo es propietaria del inmueble por el que me mencionan en los Panamá Papers. La compañía ‘Madrigal’ está reportada entre mis bienes en fecha previa a que asuma como Fiscal General. Demostraré que los recursos que están invertidos en la vivienda mencionada son el fruto de mi trabajo de muchos años. Dejo en claro que la relación con MF de Panamá fue netamente profesional por el cobro de una deuda”.

En una entrevista, el Fiscal reconoció que, entre el 2005 y el 2008, no declaró ante la Contraloría la propiedad de Madrigal porque en esa época estaba en manos del fideicomiso. Admitió que antes de posesionarse como fiscal se pidió que dejara de figurar como administrador: “Esto es correcto porque un fiscal general del Estado no puede estar vinculado a una empresa de ninguna naturaleza”

Caso Lava Jato. Los ‘Panamá Papers’ añaden información a la confesión de Ricardo Trombeta, delator del caso Lava Jato. Este ha asegurado que Kingsfield Consulting Corp., firma creada en Panamá y cuyo representante era el bufete MF, sería parte de la red de sobornos de la brasileña Constructora OAS en Ecuador y Perú, dentro del caso que investiga las relaciones entre las empresas brasileñas y el poder político de ese país. En junio 2015, el abogado confesó que a través de Kingsfield se habrían desviado $ 9,1 millones del contrato del Proyecto Multipropósito Baba (PMB), a cargo de OAS, mediante la contratación de una supuesta falsa consultoría.

Caso CWE. Según documentos filtrados, la filial ecuatoriana de la empresa China International Water & Electric (CWE) habría simulado la adquisición de consultorías a la empresa española De Calidad Hispania SL y a la suiza YouSee AG, para ejecutar los proyectos Cañar y Naranjal, y la hidroeléctrica Toachi Pilatón. Esto le habría permitido a CWE sacar millones de dólares de Ecuador sin pagar impuestos. La investigación desarrollada por El Universo revela que Roberto Silva Legarda (socio de Tributum Consultores) asesoró a CWE para contratar una consultoría en Suiza por $ 32,8 millones, con la ayuda de MF. CWE tiene contratos públicos en Ecuador que suman $ 621,4 millones. El 12 de abril 2016, la Fiscalía y el Servicio de Rentas Internas allanaron las oficinas de la consultora en Quito.

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