Exgerente de Petroecuador es detenido por corrupción

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El exgerente de la empresa pública de petróleos Petroecuador, Álex Bravo, fue detenido en su casa ubicada en Tumbaco, en las afueras de Quito, el 16 de mayo. A la investigación por tráfico de influencias, se sumaría una denuncia por un supuesto delito de cohecho, según señaló el Secretario Jurídico de la Presidencia del Ecuador, Alexis Mera.

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En la audiencia, el exgerente de Petroecuador fue acusado de beneficiar al menos a tres empresas de sus familiares para que obtengan contratos de la petrolera estatal. Según señaló la Fiscalía del Ecuador, una empresa de servicios habría obtenido 85 contratos, uno de ellos por USD 35 millones. En esta trabajaban cinco familiares de Álex Bravo, entre hermanos y primos. Una segunda empresa habría accedido a 57 contratos, uno de estos con la Refinería Estatal Esmeraldas. En esta empresa trabaja la hermana y el padrastro del imputado. Este último, además, sería director de empresas constituidas en Panamá a nombre de Álex Bravo.

El gobierno ecuatoriano deslinda vínculos
¿Quién es Álex Bravo? Su ascenso en Petroecuador fue meteórico. Le tomó diez años comenzar desde abajo y llegar a ser Gerente General, a los 35 años de edad. Manejó decenas de contratos y centenares de millones de dólares. En solo tres años, su patrimonio declarado pasó de USD 24.000 a USD 670.000. Renunció pocos días antes de que el portal de investigación Focus Ecuador revelara que poseía empresas offshore en Panamá, aduciendo motivos personales.

Apenas se supo de la detención de Bravo, el primero en pronunciarse fue el Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera: “No es funcionario político de este Gobierno (…) antes de este Gobierno era funcionario de Petroecuador, es un funcionario de carrera, que a lo largo de los años trabajó en el sector hidrocarburífero y fue designado presidente de Petroecuador por su estabilidad y trayectoria técnica”. Lo que Mera no mencionó es que su nombramiento como Gerente General se realizó a través del Directorio de Petroecuador, que está integrado por tres funcionarios políticos: El Ministro de Recursos Naturales No Renovables o su delegado; el Secretario de Planificación o su delegado y un miembro designado por el Presidente ecuatoriano.

En consecuencia, el nombramiento de Bravo sí fue político, aunque efectivamente tiene un perfil técnico. Pretender eludir esta responsabilidad, probablemente se deba a la coyuntura actual en la cual el gobierno de Rafael Correa registra los índices más bajos de aceptación de su historia y a su Fiscal General en líos por una mansión dudosamente adquirida con ayuda de la firma panameña Mossack Fonseca. Pero hay otras claves en el caso de Álex Bravo.

La clave: Grupo Azul
Según reporta Focus, hasta el 2009, William Phillips no llegaba a declarar USD 5.000 como impuesto a la renta, pero que solo dos años después llegó a hacerlo por casi un millón. Su crecimiento económico se pudiera explicar con tres palabras: Refinería de Esmeraldas.

Phillips es un veterano de Vietnam que se dedicó a los negocios petroleros. En el 2010, el presidente ecuatoriano lo condecoró con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Caballero, por realizar “una encomiable labor empresarial y de servicio a la comunidad a través de las actividades desarrolladas como fundador y principal del ‘Grupo Azul’ de servicios petroleros. Está casado con Mónica Hernández, fundadora del Banco Solidario y una de las principales asesoras de la Presidencia de la República, que actualmente está a cargo del Plan Familia, iniciativa gubernamental sobre sexualidad catalogada como ultra conservadora.

Worley Parsons International (WPI) es la multinacional de origen australiano que fue contratada para fiscalizar la Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, la principal planta de procesamiento de crudo del país. El 14 de noviembre del 2011 se firmó el primer contrato entre WPI y Petroecuador, por USD 38’600.764, para fiscalización y gerenciamiento del Programa de Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. Aunque el contrato lo firmó Marcelo Robalino, gerente de Refinación de la empresa estatal, quien lo manejó fue Álex Bravo, según lo difundió la propia petrolera en un boletín de prensa.

Este es el contrato clave. WPI subcontrató a Grupo Azul, de propiedad de Phillips, para las labores de fiscalización. Es decir, ningún contrato para la rehabilitación de la refinería se firmó sin el conocimiento y aprobación de Azul. En total, con la empresa de Phillips se suscribieron cinco contratos de fiscalización por USD 135 millones en la Refinería Esmeraldas. El mecanismo favorito para estas adjudicaciones: Giro Específico del Negocio, una modalidad que permite a las empresas públicas contratar sin licitación.

Algunas cosas que WPI no detectó
Entre las decenas de contratos que debió fiscalizar Worley Parsons, está la contratación directa de la planta Sosa Gastada, en la Refinería Esmeraldas, con una firma sin ninguna experiencia: Oil Services & Solution (OSS) propiedad de Jaime Baquerizo Escobar.

Ahora se sabe que Álex Bravo mantiene una relación empresarial con el contratista de la obra, Jaime Baquerizo. Ambos suscribieron un contrato de representación entre sus empresas offshore, Girbra ( de propiedad de Bravo) en Panamá y Arkdale Investments Limited (de Baquerizo) en las Bahamas, según lo reveló diario El Universo.

Pero además, como dio a conocer Focus, Bravo y su esposa tienen participación en cinco empresas panameñas y por lo menos otras tres en Ecuador, dos de las cuales: Multival y TotalEnergy, contrataron con la propia Refinería Esmeraldas, cuando Bravo era el principal representante. Todo esto bajo la mirada y aprobación de Azul y WPI, los fiscalizadores.

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