Siete polémicas en el caso del asesinato de dos argentinas en Ecuador

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María José Coni (22 años) y Marina Menegazzo (21 años) salieron de Mendoza el 10 de enero de 2016 para emprender un viaje de 45 días por Perú y Ecuador. En Montañita, un balneario de la costa ecuatoriana frecuentado por turistas de todo el mundo, se quedarían hasta el 22 de febrero. Ese día debían partir a Lima para tomar un avión a Argentina. Sin embargo, sus familiares perdieron contacto con ellas y las reportaron como desaparecidas. En la noche del 25 de febrero se halló el cuerpo de Coni y, tres días después, se encontró el cadáver de Menegazzo. Familiares de las turistas desconfiaron de la versión del gobierno ecuatoriano, señalaron inconsistencias, pidieron la intervención de Argentina en la investigación y emprendieron sus propias indagaciones. Aquí, los principales puntos polémicos del caso:

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1.    La versión del Ministerio del Interior ecuatoriano de que las dos jóvenes argentinas asesinadas en Montañita se fueron voluntariamente a la casa de dos desconocidos porque no tenían dinero, es la paradoja que levantó sospechas de sus familiares y amigos. La familia aseguró que contaban con tarjeta de crédito y que habían recolectado dinero vendiendo comida en la playa.

2.    Según la versión oficial, el lunes 22 de febrero, alrededor de las 20:00 las jóvenes habrían llegado en un taxi hasta la casa del implicado, Segundo M., con el segundo sospechoso Aurelio R. alias ‘El Rojo’ y estuvieron ahí hasta que hacia las 02:00, Segundo M. volvió y las asesinó. Sin embargo, un argentino que se comunicó con la familia dijo que vio a las jóvenes sin sus mochilas cerca del centro de Montañita, hacia las 22:30, con dos hombres de tez blanca.

3.    La familia de las víctimas criticó que el hallazgo del primer cuerpo se dio el 25 de febrero y el otro tres días después, a pesar de que estaba a menos de 15 metros de distancia.

4.    Como recoge el portal Plan V, juristas ecuatorianos criticaron la forma en la que se realizó la investigación por parte de la Policía y la Fiscalía, y advirtieron que podría invalidar lo actuado: a su parecer los presuntos autores del crimen no habrían contado con un abogado al momento de dar su primera versión de los hechos, tampoco habría certeza de que hubo orden judicial para el allanamiento de la vivienda donde se habrían cometido las muertes. Tampoco se informó si hubo un fiscal en el levantamiento de los cuerpos.

5.    Se criticó la celeridad con que se quiso resolver el caso y la actuación del ministro del Interior, José Serrano, quien mostró en Twitter los rostros de los presuntos autores, lo que sería una violación de sus garantías constitucionales. Además publicó fotos de evidencias en esta red social, cuando el caso recién entraba en una etapa reservada de investigación. La intervención del ministro Serrano rompió la cadena de custodia e interfirió en lo actuado por el fiscal.

6.    Uno de los principales imputados, Segundo M., que permanece con prisión preventiva, cambió su versión en cuatro ocasiones. Según el segundo fiscal que ha llevado el caso, Juan Pablo Arévalo, “en un primer momento dijo que se trataría de tres colombianos (implicados), luego en la versión libre y voluntaria inculpa a su compañero (Aurelio R., alias ‘El Rojo’) y ahora delante del juez trata de exculpar a su compañero”. Posteriormente, a través de una rueda de prensa de la familia de Segundo M. y su abogado, se dijo que el sospechoso fue presionado para inculparse y señaló como responsables del doble crimen al venezolano José Miguel O., conocido como ‘El Chamo’, junto con un ecuatoriano y dos colombianos. ‘El Chamo’ fue detenido en Montañita, pero el Ministerio del Interior aseguró que la detención se dio por tenencia de drogas.

7.    Como registra Diario El Universo, en menos de un mes tres fiscales asumieron el caso. Eduardo Gallardo Rodas fue el primer fiscal en investigar las muertes de las argentinas. El 2 de marzo asumió la investigación Juan Pablo Arévalo, quien solicitó la prisión preventiva de Segundo M. y Aurelio R., principales sospechosos. Después de cuestionamientos por parte de la defensa de los detenidos, quienes señalaron que supuestamente no les permitían el acceso al expediente ni ver a sus defendidos, el 14 de marzo, María Coloma Pazmiño, agente fiscal de la provincia del Guayas, fue designada para continuar con la investigación.

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