El choque anual de una guerra perdida

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Cada año se produce el mismo impasse entre Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano presidido por Rafael Correa: el Departamento de Estado publica su informe “Estrategia de Control de Narcóticos Internacional” y el Gobierno lo rechaza. Este año el ministro del Interior, José Serrano, fue el primero en replicar: “Ese informe no es nada más que el reflejo de una retaliación a sabiendas de que en Ecuador cada vez menos hemos requerido de esos apoyos, de esas dádivas, de esos regalitos que se daban a nuestras unidades de Policía”. Una reacción que tiene en cuenta solo parte del contenido del informe pues, en términos globales, es favorable políticamente al gobierno ecuatoriano. En síntesis, ese balance dice: Ecuador hace la tarea, no tiene medios suficientes y le iría mejor si se dejara ayudar.

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El informe no endosa responsabilidad alguna al gobierno por las enormes debilidades institucionales que señala. Por el contrario. Es condescendiente cuando señala que “el gobierno ecuatoriano es consciente de los efectos perjudiciales del tráfico de drogas y el crimen organizado transnacional en todo el país”. El hecho real es que no parece haber conciencia institucional del fenómeno del narcotráfico, el volumen de lavado y las consecuencias sociales y políticas que esos dos hechos producen en la sociedad.

El informe señala, no obstante, la aprobación en la Asamblea, en diciembre de 2013, del nuevo Código Penal y el aumento de penas, el cambio en la tabla de consumo que reduce, desde septiembre de 2015, la cantidad de droga que activa una pena y las capacidades tecnológicas de la Policía para combatir a los narcotraficantes. Ecuador –reconoce el informe– tiene acuerdos antinarcótios con otros países, incluidos los Estados Unidos, sobre desviación de sustancias químicas, transacciones monetarias, trata de personas y contrabando de migrantes. Es más: se señala que Ecuador comparte, con Estados Unidos, los Procesos Operacionales Marítimos bajo los cuales se coordina el apresamiento de barcos. Gracias a esto, se han dado algunas operaciones fronterizas antinarcóticas de las más exitosas para la Guardia Costera de Estados Unidos.

Lo que irrita al Gobierno ecuatoriano no es eso. Es la publicación de realidades que niega: “Ecuador es un país de tránsito para precursores químicos para el procesamiento de narcóticos ilegales y también es vulnerable al crimen organizado por la debilidad de las instituciones públicas, las fronteras permeables y la corrupción”. Pero en vez de responsabilidades, Washington anota deficiencias: “La policía ecuatoriana, las Fuerzas Armadas y lo judicial carecen de suficientes recursos para enfrentar los crímenes transnacionales que enfrentan”. ¿Quiénes? Hay una respuesta: “los carteles de los Zetas, Sinaloa y del golfo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), operan en Ecuador”. Según el informe, “Los carteles mexicanos usan cada vez más aeronaves privadas y rutas clandestinas para transportar dinero a Ecuador y cocaína hacia México y Centroamérica”. Es decir, “Ecuador continúa siendo el mayor país de tránsito para los envíos de cocaína por rutas terrestres, aéreas y marítimas y envíos de heroína por medio de aire y correo”.
Esto puntos, que seguramente el Departamento de Estado puede probar, son negados por el Gobierno. Ecuador se refugia en estadísticas para mostrar que su aparato de represión funciona. Estadísticas que, a su vez, son citadas en el informe en forma favorable. Ecuador cree que esas cifras, que registran aumento de drogas capturadas, lo libera de las críticas. Y Estados Unidos cree que las deficiencias de Ecuador se explican por el cierre de la Oficina de Cooperación de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en 2014 y la reducción de la colaboración. Ecuador niega la realidad de un fenómeno que supera su capacidad de respuesta y Estados Unidos sigue pensando que la guerra contra los narcóticos se gana si los países se adhieren a su política que cada año requiere más dinero y pie de fuerza. Ese dilema tiene condiciones específicas en Ecuador, pero en absoluto exclusivas.

Eso explica la conclusión de Washington que recuerda, de paso, que Ecuador recibe una muy escasa asistencia financiera: dar mayor prioridad a la interdicción de drogas ilícitas y el control de precursores químicos. Dedicar fondos adicionales para que los esfuerzos antinarcóticos estén a la par de los retos que crecen. Aumentar la capacidad tecnológica y logística de la policía y el ejército. Incrementar la formación de investigadores…
Y Ecuador seguirá respondiendo lo mismo: que hace esfuerzos costosos para vigilar la frontera norte. Que el número de incautaciones crece. Que no hay cultivos de coca en su territorio como lo constató la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (Unodc). Que combate el microtráfico. Que ha depurado la policía. Que tiene centro ambulatorios para tratamiento de drogas (aunque sean insuficientes). Que Ecuador no alienta o facilita la producción ilícita o distribución de narcóticos o el lavado de activos…
Cada año los dos gobiernos llegan, de una u otra forma, al mismo punto. El narcotráfico, entre tanto, crece así como el consumo de drogas. También en Ecuador.

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