Correa y el club de los impolutos

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Rafael Correa está seriamente preocupado por las acusaciones de corrupción contra el ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva. No solo él. También de las que hay contra Cristina Fernández de Kirchner y su difunto esposo. O contra Hugo Chávez, su familia y su sucesor, Nicolás Maduro. A sus ojos, todos son honestos. Las acusaciones que pesan contra ellos, de la tendencia supuestamente socialista en América Latina, no reposan, para el presidente ecuatoriano, en hechos. Son ataques políticos de grupos de oposición que animan lo que él llama Restauración conservadora.

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Los gobiernos ideológicamente afines no han cometido, a su parecer, actos de corrupción: son víctimas de un nuevo Plan Cóndor montado por la reacción internacional “contra los gobiernos progresistas (…) Ya no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta que incluso se atreva a publicar conversaciones privadas, lo cual es absolutamente ilegal”. Para Correa es grave lo que está viviendo uno de sus amigos, Lula da Silva, que está siendo investigado por la Justicia. No puede concebir que un juez que, según dice, “no tiene legitimidad democrática, pueda tumbar un gobierno”…

Lo que Correa piensa en el ámbito internacional, lo aplica en el campo interno. Su gobierno, que ya superó nueve años, no ha sido auditado. Los organismos de control, incluyendo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, son manejados por partidarios o amigos. Hay informes de malos manejos que salen de la Contraloría del Estado, pero esa institución no tiene capacidad legal para llevar a los responsables ante los jueces. La perplejidad que esto suscita se agrava cuando se sabe que los pocos casos de corrupción, que se han ventilado en las cortes, han sido denunciados por el propio poder…

El hartazgo contra la corrupción que caracteriza la crisis política en Brasil ha dado ideas al presidente Correa: en su monólogo sabatino en radio y TV, que últimamente dura cuatro horas y hasta más, se ha dedicado a mostrarse como un mandatario modesto, que gana poco, que expone en el palacio de gobierno los regalos que recibe, un ser sencillo que necesita muy poco para vivir.

El Presidente está tan convencido de que su gobierno es de manos limpias y corazones ardientes, que no tolera ni siquiera que una comisión cívica le pida en una carta, como ocurrió el 28 de enero pasado, que investigue un supuesto sobreprecio en una compra pública.

El caso es revelador. La Comisión Nacional Anticorrupción se limitó a pedir que se indague un presunto peculado e intento de estafa en la Agencia Nacional de Tránsito. En su carta no acusa a nadie. Solo señala indicios que sustenta su pedido: adjudicación a dedo para comprar unas placas semielaboradas para vehículos. La Contraloría de hecho desautorizó esa compra que tendría un sobreprecio de USD 2’350.000. El Servicio de Compras Públicas (Sercop) había recibido denuncias, dijo la Comisión, pero no actuó.

En la respuesta, hecha pública el 10 de marzo pasado, la Presidencia no se refiere al caso denunciado y se va contra la Comisión. La califica de ilegítima e ilegal por ser cívica y se burla de sus miembros que superan, en su mayoría, 70 años. Le pide decir quién la financia. La acusa de violar las leyes, de sentenciar ciudadanos… La instruye a ir a las instancias legales que, en Ecuador, nada investigan. En fin, la Presidencia ve, en esa denuncia, de la cual no dice nada, un acto politiquero y un afán, por parte de sus miembros, de figurar en los medios de comunicación. La carta se concluye con una amenaza directa de llevar a los comisionados ante los tribunales. Y para que no se equivoquen sobre el valor que la Presidencia da a su pedido, la carta fue firmada por una secretaria…

La Comisión Nacional Anticorrupción ya había sido amenazada y el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, ya pasó al acto: el 13 de octubre del año pasado demandó por USD 4 millones a la Comisión tras una denuncia que ésta hizo por la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu. Para la Comisión el contrato original pasó de USD 124’881.250 a USD 227’389.966. Otros dos dignatarios del poder, Gustavo Baroja, y el mismo vicepresidente Jorge Glas, también amenazaron con llevar a los comisionados ante los tribunales.

Esta situación no es nueva y hay lluvia de ejemplos: dos periodistas fueron demandados por el Presidente tras haber denunciado, en un libro, contratos ilegales de un hermano suyo con el Estado. Rafael Correa creó, entonces, una veeduría para investigar esos contratos y probar, como aseveró, que él nada sabía al respecto. Los veedores llegaron a la conclusión contraria y el Presidente los demandó.

Correa, tan preocupado porque nadie dude la honestidad de amigos suyos, como Maduro y Lula, no está dispuesto a que alguien ponga en tela de juicio su honestidad y la de su gobierno…

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