Correa busca plata como sea

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Rafael Correa se va a arrepentir de lo que dijo e hizo. De hecho, desde que se acabó la bonanza petrolera está borrando con el codo lo que hizo con la mano. Antes, le sobró la empresa privada. Hoy quiere firmar alianzas público-privadas. Antes denigró la inversión extranjera al punto de sacrificar, según el economista Pablo Lucio Paredes, entre 2 y 3 puntos del PIB en inversión privada.

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Antes criticó los tratados comerciales y ni siquiera se adhirió al que firmaron Colombia y Perú con Europa. Hoy necesitó el aval de esos dos países para firmar el suyo.

Antes calificó de ilegítima la deuda externa y, en 2008, declaró la cesación de pagos de una parte; usuraria –dijo– porque pagaba 10% de interés. Ahora desarrolla un masivo plan de endeudamiento externo y no ha vacilado en colocar $750 millones en bonos a 10,5%; la tasa de interés más alta para bonos soberanos que se ha pagado desde que lo hizo Turquía en 2002.

Antes calificó en los peores términos a los compradores de bonos. Ahora dijo estar orgulloso de pagar a tiempo $650 millones de los bonos global.

Antes botó del país ONG’s o les hizo la vida imposible. Hoy pide, lejos de las cámaras, el retorno de sus proyectos y sus capitales.

Antes se ufanaba de que el monto de la deuda pública contra el PIB era de las más bajas del continente. Ahora su nivel –en el cual no incluyen ventas anticipadas de petróleo, Certificados de Tesorería, deuda a la Seguridad Social, atrasos con proveedores y contratistas…–no está lejos de su techo legal (40% del PIB).

El correísmo ejecuta un makeover asumiendo hoy lo que ayer negó o denigró. Pero lo hace como si no tuviera que revisar el modelo económico y las políticas que lo han llevado, precisamente, a operar cambios profundos y a marchas forzadas.

El Presidente ha movilizado toda la maquinaria del Estado alrededor de una urgencia: encontrar dinero.  Y encontrarlo a cualquier costo y usando cualquier mecanismo, así no esté contemplado en la ley. El Presidente se limitó a comunicar a los ecuatorianos que el momento requería que fueran muy creativos.  Y seguramente lo han sido.

En este mes se han reiterado anuncios que tienden a hacer creer que el gobierno ha encontrado fondos para paliar algunos de los baches que generan incertidumbre en Ecuador y en el exterior: el riesgo país estaba en 1260 puntos el 14 de diciembre cuando se hizo el anuncio del acuerdo con Schlumberger.

Ese es el caso más llamativo. Esa empresa, de origen francés, es un consorcio especializado en servicios petroleros. La vicepresidencia de Ecuador anunció, el 14 de este mes, que Schlumberger invertirá 4.900 millones de dólares. Se hizo cargo durante 20 años del bloque petrolero 61. Conocido como Campo Auca, este fue entregado sin licitación alguna. No se sabe qué marco legal ampara este acuerdo con una compañía privada. Se desconoce, igualmente, las coordenadas técnicas bajo las cuales se fijó un precio permanente de $26 por barril extraído.

Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador también fue quien dijo, a su regreso de Beijing, que China desembolsará $2800 millones hasta febrero de 2016.

Eso ratifica, según Glas, la condición de “aliados estratégicos” entre los dos gobiernos. Fausto Herrera, ministro de Finanzas, que hizo parte de la delegación, anunció un primer desembolso, de libre disponibilidad, por $1.000 millones hasta finales de este año. Oficialmente se sabe que China continuará financiando “proyectos estratégicos” en Ecuador. ¿Qué tipo de proyectos? ¿En qué condiciones? ¿Préstamos a qué tasa de interés y para qué plazo?

La relación con la China es tan insólita que en enero de 2015, tras una visita, el presidente Correa anunció que Ecuador recibiría este año $7000 millones. Oficialmente solo llegaron $500 millones en junio pasado. ¿Por qué la China anuncia ahora desembolsos por $2800 millones, justo cuando el gobierno pidió paciencia a los proveedores impagos por el Estado? ¿Qué lo llevó a cambiar? ¿En qué condiciones se dieron esos cambios? El gobierno de Rafael Correa mantiene un hermetismo absoluto. No solo no informa. Ha convertido el contenido de ese tipo de acuerdos en secreto de Estado.

Algo similar ocurre con la negociación que el gobierno ecuatoriano lleva adelante con la OXY. El 11 de diciembre pasado, Correa dijo que podía pagar el primer tramo de la deuda que tiene con esa compañía petrolera. Se sabe que el Comité de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, fijó en $1061,7 millones el monto por haber declarado la caducidad del Bloque 15 en 2006. El gobierno de Correa aceptó pagar pero no ha dicho a cuánto asciende el pago total, qué ha logrado en la negociación y de dónde salió el dinero para pagar la primera parte.

Estos ejemplos podrían multiplicarse. El hecho cierto es que todo ha cambiado para el correísmo en cuestión de meses. Se evidencia principalmente en la caída del nivel de crecimiento económico (oficialmente pasará de 1,9% a 0,4%) y en el aumento brutal del desempleo; un problema sin cifras oficiales consolidadas. No obstante, la Cámara de la Construcción de Quito habla de 540000 personas afectadas en Ecuador solo en ese sector…

Acostumbrado a la lluvia de petrodólares, el correísmo parece preocupado únicamente por incrementar el nivel de endeudamiento. Su ritmo ha subido vertiginosamente en los últimos doce meses; al igual que el costo del servicio de la deuda externa. Es la única herramienta que usa el régimen mientras recalca, muy políticamente ante sus electores, que no ha recurrido a los paquetazos fondomonetaristas de los gobiernos anteriores. Tampoco hay reducción drástica del gasto público que, con 29% del PIB, es el más alto de la región.

Endeudarse y pagar a tiempo la deuda externa para no perder el aval del FMI y de los bancos de inversión: es parte de la estrategia del correísmo para salvaguardar gran parte de su base electoral. Es una apuesta a la que el mercado parece haber puesto coto:  el riesgo país que cayó a 1210 puntos, tras el anuncio del pago de los bonos Global 2015, volvió en la última semana a 1260 puntos. El mercado sabe que Correa está evitando el ajuste; consecuencia ineludible de sus políticas en las cuales ha habido componentes de despilfarro y corrupción.

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