A Correa se le acabó la fiesta

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En Ecuador se calentó la calle, como estaba previsto. El presidente Rafael Correa volvió a suministrar, a comienzos de junio, los ingredientes para movilizaciones sociales en las principales ciudades. En Quito, Guayaquil y Cuenca se han concentrado las más numerosas.

Dos proyectos de ley –sobre herencias y plusvalía de tierras– que incrementan los impuestos existentes hasta porcentajes considerados confiscatorios, catapultaron la protesta ciudadana. Pero no son considerados la causa exclusiva: son la gota de agua que desbordó el vaso.

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Se confirma, entonces –ahora en la calle– el hartazgo que provoca el oficialismo en parte de la ciudadanía, tras más de ocho años en funciones. Hartazgo que fue evidente en las urnas el 23-F del año pasado cuando perdió, en las elecciones locales, una veintena de las grandes capitales y ciudades del país. El desgrane del voto urbano se produjo sobre todo en la clase media. Razones evocadas: entre las principales figuran la concentración de todos los poderes en el Ejecutivo, el abuso de autoridad, la prepotencia, la persecución a líderes sociales e indígenas, la creación de un aparato para perseguir y castigar la opinión disidente, la política extractivista, la corrupción, medidas económicas para paliar la crisis fiscal que el gobierno niega…

El Presidente, ausente del país la primera semana de junio, cuando empezó esta racha de manifestaciones, se dijo sorprendido por su amplitud. Su estrategia varió en horas. El lunes 15, en un meeting frente al Palacio de Gobierno, se mostró imperturbable y ratificó que la Asamblea Nacional, donde tiene amplia mayoría, daría curso, en forma urgente, a sus proyectos. En la noche, en una cadena nacional, dijo que retiraba, temporalmente, los dos proyectos de la Asamblea. Una decisión controversial, pues la figura del retiro temporal no existe en la Constitución. La Asamblea cursa la ley o la archiva.

Correa piensa insistir en sus proyectos, tras la vista del Papa y un período de debates organizados por su gobierno. Los bloques de  oposición y la opinión que se expresa en las redes sociales no abrigan expectativa alguna, pues Rafael Correa entiende el diálogo como un monólogo destinado a anclar sus razones en la opinión; no a oír las de sus contradictores.

Correa ya reculó en la ley de herencias, que él llama de redistribución de la riqueza. En el proyecto de ley, que incluye legados y donaciones, se estimaba que debían regirse por un impuesto progresivo que empezaba en 2.5% y llegaba a 77.5% (para los herederos indirectos). El piso exento llegaba hasta USD 34.500 y, a partir de 849 600, se debía pagar el 77.5%. Ante la protesta, el 77.5% se redujo, para herederos directos e indirectos, a 47.5%.

El impuesto a la plusvalía de tierras busca gravar la “ganancia extraordinaria en la transferencia de bienes inmuebles”. Conceptualmente, el gobierno considera “plusvalía ilegítima” cualquier valor adicional que una propiedad gana por obras públicas hechas a su alrededor. El impuesto que debiera pagar la “ganancia extraordinaria” sería del 75%, menos el valor ajustado de la compra, mejoras realizadas y USD 8.500 (24 salarios mínimos). Los expertos afirman que los equívocos que contiene ese proyecto de Ley, abren la puerta a interpretaciones absolutamente discrecionales.

El Gobierno ha dicho que estas leyes no golpean la clase media y no obedecen a la asfixia fiscal que se obstina en negar. Sus explicaciones dejan percibir un cambio en su estrategia política: el correísmo ha tomado nota del distanciamiento de la clase media y, frente a la campaña presidencial de 2017, vuelve a la lógica del enfrentamiento más básica. Los más pobres contra los más ricos. A 98% de los ecuatorianos –ha dicho el Presidente, desafiando las estadísticas socio-económicas– no les afecta el impuesto a la herencia. Es el mensaje que repite la propaganda oficial que se ha multiplicado, día y noche, en canales y radios del país.

Es indudable que el oficialismo, que siente un bajón estructural en los sondeos, hace guiños de ojo a los más pobres pensando en rehacer su base electoral. Ahora lo hace recurriendo al resentimiento ideológico porque no dispone de dinero para pensar en nuevos bonos y subsidios. Por  supuesto, el régimen habla de redistribución de la riqueza pero es solo un lema de mercadeo, pues según sus mismos cálculos apenas recaudará, anualmente, USD 39 millones por el impuesto a las herencias… Eso demuestra que obedece esencialmente a razones ideológicas y políticas.

Correa movió su discurso otra vez hacia la izquierda más radical. Lo hizo con la misma facilidad que había efectuado una apertura hacia el empresariado, una vez que comprobó que sin los dólares del petróleo, el Estado no podía seguir siendo el motor de le economía. El retiro de sus leyes es un repliegue táctico que persigue dos objetivos: enfriar el clima social, pues se avecina la visita del Papa que su gobierno prepara con tanto interés, e incluir esos proyectos de ley en un “diálogo nacional” que, como está previsto, se inscribe en su agenda presidencial 2017.

Correa, ya se ha dicho, no dialoga. Lo demuestra la campaña que hace su gobierno y sus calificativos contra los manifestantes. El presidente ecuatoriano no solo niega la realidad (minimizando hasta la caricatura la amplitud de las protestas que al inicio lo sorprendió) sino que ahora las ve como la prueba irrefutable de “un plan de desestabilización” contra su gobierno. Desestabilización y “golpe de Estado” son las figuras más frecuentes a las que recurren el Presidente y los principales funcionarios de su gobierno. En realidad, usan expresiones y lemas que se oyen en Venezuela.

Se habla de “acciones violentas”, “libreto desestabilizador”, “asesores extranjeros”, “gente pagada”, “desestabilización en desarrollo”, “acciones conspirativas”, “una arremetida” contra el Comando Conjunto para incitar a intervenir a las Fuerzas Armadas… el presidente Correa y su gobierno, trastocan el lenguaje para confundir protesta con desestabilización y legítimas acciones de la oposición democrática con acciones conspirativas. Y no hay hechos que permitan hacer ese tipo de afirmaciones. Gran parte de los manifestantes se han autoconvocado por las redes sociales. Y Guillermo Lasso y Jaime Nebot, los dirigentes de la oposición que han llamado, en Guayaquil, a las manifestaciones más masivas, han hecho hincapié en que el Presidente debe cumplir los plazos constitucionales que lo facultan a gobernar hasta el 24 de mayo de 2017.

La ofensiva propagandística oficial muestra un nerviosismo evidente por la calentura social que se ha trasladado a las calles. Pero delata, igualmente, la visión política del correísmo que, al igual que el chavismo, no concibe la alternancia en el poder. De hecho, las amenazas solapadas que ha proferido el presidente Correa a contradictores y adversarios hace temer que su gobierno entre en una etapa de mayor represión y violencia. Un capítulo que lo diferencia, en buena medida, de lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela.

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