Los defensores estatales de DDHH politizados y sin autonomía en Latinoamérica

0

El desafío de los defensores gubernamentales de DDHH es evitar ser subyugados por las fuerzas políticas que los designan, dijo a Sputnik Nóvosti el ecuatoriano Pablo de la Vega, coordinador Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).

Artículo publicado en:
Sputnik

La sociedad civil latinoamericana busca crear instituciones vigilantes independientes de los poderes legales —Ejecutivo Legislativo y Judicial—, dotadas de los recursos financieros e infraestructura, pero su designación recae en casi todos los países en el Congreso, planteando así un desafío de origen.

Esos procedimientos basados en el Protocolo de París de la ONU “buscan garantizar la transparencia e imparcialidad, sin injerencia política, a pesar de que el Parlamento es el seno idóneo del debate partidista; pero no debe impedir la independencia de esos órganos cuasi jurisdiccionales soberanos, distintos a los ministerios públicos y fiscalías que impulsan las investigaciones”, explicó el experto.

“Todo procurador de DDHH debe seguir fielmente las competencias y atribuciones de la independencia y pluralismo, dotados de competencia cuasi jurisdiccional y no deben ser politizados”, explica veterano especialista.

Este tipo de procesos ha permitido crear instituciones estatales que tienen antecedentes en el derecho nórdico en la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo; y en América Latina se han logrado éxitos, como en El Salvador, en algunos casos de México, o institutos de DDHH con respaldo parlamentario en Ecuador y Costa Rica.

La ONU ha creado un comité internacional de coordinación, que califica la legitimidad de esos organismos de DDHH en una escala que resume su cumplimiento: total, incompleto o reprobado.

“La Plataforma Interamericana la formamos un amplio espectro de ONG que respaldan la labor de las instituciones de DDHH en 15 países latinoamericanos, con unas 400 ONG para la vigilancia de las instituciones gubernamentales, para que no guarden silencio ante el poder político y que se distancien de los poderes factuales”, explica es líder humanitario.

El especialista señala que en el subcontinente “existe una especie de pecado original, dado que los actores partidistas aceptan en las nominaciones a personas con conexiones con actores políticos”.

Cuando esos casos politizados se presentan “se atenta contra el principio básico de autonomía e independencia” advierte el experto en DDHH.

“Si el procedimiento está viciado desde su origen, con injerencia de los actores políticos, ese proceso satisface al poder político, pero no a la defensa de los DDHH fundamentales de las personas”, expone el doctor De la Vega.

De la Vega planeta un pregunta inquietante: ¿por qué los europeos son capaces crean instituciones independientes a partir de sus parlamentos y en América Latina no podemos aún dotar de autonomía a las instituciones estatales de DDHH?

Un ombudsman o defensor de DDHH como figura de Estado “apenas tiene la magistratura de la persuasión, porque no tiene el poder de un procurador de justicia, sino una autoridad moral de llamar la atención a los poderes públicos en sus deficiencias, posee una alta capacidad ética”, resume De la Vega.

Existen países exitosos, como Costa Rica, donde se estableció uno de los primeros Ombudsman en el subcontinente, o la figura de Defensor del Pueblo del estado plurinacional de Bolivia, dotado con capacidad propositiva y proactiva de señalar los aciertos y problemas del gobierno del presidente Evo Morales, menciona el líder humanitario regional.

Pero a la comunidad internacional y a la Plataforma Interamericana, junto con otros organismos globales, tales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o WOLA, por ejemplo, “nos preocupa la falta de autonomía del defensor del pueblo en países como Venezuela, que actúa en una situación compleja”, ilustra el experto con décadas en el terreno.

En otros casos, como México, “son notables para la comunidad internacional las limitaciones, las debilidades, silencios y omisiones de sus comisiones estatales de DDHH”.

El alto cargo de la Plataforma Interamericana, con personería jurídica de Uruguay y sede en la capital de Ecuador, pone el ejemplo reciente de la elección de los directivos de la Comisión Estatal de DDHH en Tlaxcala, uno de los Estados más afectados por la dramática trata de personas en el continente.

“En ese Estado, en el corazón de México, se están abandonando los Principios de París, acogidos por la ONU, como condiciones mínimas para que las instituciones nacionales de DDHH sean consideradas legítimas”, afirma De la Vega.

En Tlaxcala, un paso crucial de la migración ilegal hacia EEUU, “no se ha respetado un dictamen de la Comisión Legislativa que calificó a los candidatos, entre ellos un destacado defensor de los DDHH”, señala es dirigente interamericano.

“Seguramente, el principio de autonomía partidista es el más complejo y difícil, sin embargo, si una institución nacional de DDHH no es independiente, no puede ser eficaz”, puntualiza el experto.

Junto con los casos de masacres recientes de estudiantes, periodistas y ciudadanos inocentes, México está “bajo escrutinio global, dados los desafíos y déficits por sus obligaciones pendientes ante la comunidad internacional”, puntualiza en responsable iberoamericano.

Share.

About Author

Comments are closed.